La legalización canadiense del cannabis recreativo cumplió un año el 17 de octubre. Según una encuesta de Estadísticas Canadá, el 61% de las ventas se efectúan aún en el mercado negro, aunque economistas de Scotiabank calculan que representan el 71%.
El discreto número de tiendas autorizadas en el país y sus cortos horarios de servicio, además del tiempo que se demoran los envíos a domicilio cuando se adquiere la hierba legalmente por Internet, benefician a los grupos criminales. La Sociedad Quebequesa del Cannabis (SQDC) va a poner en marcha un programa piloto para entregas rápidas. “Es una opción suplementaria que queremos ofrecer a nuestros clientes. Se trata de una medida más, dentro de nuestro mandato, para que los compradores migren al mercado legal”, afirma Fabrice Giguère, portavoz de la empresa pública.
La compañía estatal tiene el monopolio de ventas de cannabis en la segunda provincia más poblada del país; efectúa sus envíos a domicilio por medio de Canada Post, la agencia federal de correos, y llegan a la puerta del comprador en un periodo de entre uno y tres días laborables. El 20 de noviembre, la Sociedad Quebequesa del Cannabis lanzó una licitación para encontrar a una empresa capaz de realizar entregas aceleradas. El proyecto, que durará entre seis y nueve meses, se desarrollará únicamente en la isla de Montreal, aunque la intención es incluir más adelante varias poblaciones cercanas. “El 100% de los paquetes debe entregarse a la clientela el mismo día del pedido, antes de las diez de la noche, de lunes a domingo”, detalla el documento. A su vez, abre la posibilidad de un servicio más rápido: en un periodo de una hora, dentro de los sectores seleccionados.
Giguère indica que la selección de la empresa dependerá en gran medida de que pueda cumplir a rajatabla con todos los protocolos establecidos. Uno de ellos es la seguridad. La firma deberá entregar una lista completa de empleados y subcontratantes para ser aprobada por la Sociedad Quebequesa del Cannabis o para efectuar cambios. Además, los trabajadores de la compañía no podrán almacenar la droga por ningún motivo en sus vehículos ni en sus domicilios.
Jean-Sébastien Fallu, profesor de psicoeducación en la Universidad de Montreal e investigador en el Instituto universitario sobre las adicciones, comenta: “Es un proyecto atinado. La accesibilidad es uno de los elementos para golpear el mercado negro. El proyecto puede incentivar que los hábitos de compra se dirijan más a vías legales”. Algunas voces en los medios de Quebec han señalado que las entregas rápidas podrían provocar que aumente el consumo de la hierba. Fallu responde al respecto: “Las entregas ilegales a domicilio ya existen. De hecho, en Montreal hay toda una red al margen de la ley que funciona de forma eficiente desde hace tiempo. No se va a crear algo nuevo. Lo importante es que no aumente el consumo con riesgos”.
David, un montrealés, fuma marihuana varias veces a la semana. “Vivo a media hora en transporte público de la tienda de la Sociedad Quebequesa del Cannabis más cercana”, relata. “En ocasiones la compro cuando paso por una de estas tiendas. Nunca voy exclusivamente para eso”, continúa. Este diseñador gráfico de 32 años comenta que no adquiere la hierba por Internet —a través de la página de la compañía estatal— porque tarda varios días en llegar. “Cuando ya no me queda, llamo a la persona que me la ha vendido desde hace años y la trae el mismo día a casa. Está muy bien que la SQDC pueda ofrecer un tiempo de entrega igual o menor, pero mi decisión va a depender de cuánto cueste el servicio”, añade.
Coste para el consumidor
Fabrice Giguère dice que, por el momento, no se puede saber el coste que tendrá esta opción para el consumidor. “Trataremos de mantener los costes más bajos por este servicio, pero debemos determinar las tarifas con la compañía que cumpla con todos los requisitos”, precisa. La billetera es otro aspecto que juega en contra de la marihuana legal.
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En la Sociedad Quebequesa del Cannabis el precio promedio del gramo —considerando las distintas variedades y presentaciones— es de 8,40 dólares canadienses (5,70 euros), mientras que en las calles quebequesas se pagan 5,60 dólares (3,80 euros). El marco de producción, el control de calidad y la infraestructura de distribución explican estas diferencias. Cabe señalar que los comestibles y otros derivados del cannabis (como resinas y cremas) entraron en el mercado legal el 16 de diciembre, de acuerdo con la normativa federal. No obstante, tres provincias han aplazado su venta. En Alberta, Quebec y Ontario estos nuevos productos empezarán a comercializarse a mediados de enero.
Una de las principales promesas de campaña de la Coalición Futuro de Quebec —el partido en el poder en la provincia desde octubre del año pasado— fue modificar la edad mínima de compra y consumo de cannabis: 21 años en vez de 18. El 1 de enero entrará en vigor esta disposición. La licitación lanzada por la SQDC contempla este punto, al precisar que la compañía seleccionada tendrá que encargarse de “validar en todo momento la prueba de edad antes de entregar el paquete al cliente”.
En caso de incumplimiento, la firma deberá pagar multas que oscilan entre los 1.000 y 5.000 dólares canadienses (de 680 a 3.400 euros). “Hay un mensaje contradictorio. El proyecto piloto apunta en la buena dirección, pero no lo podrá utilizar un grupo de edad con un alto consumo. El cambio de 18 a 21 años es una medida lamentable desde la salud pública. Va a provocar el efecto contrario: no protegerá más a los jóvenes, sino que los obligará a seguir comprando en el mercado ilegal”, expresa Fallu.
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