La medida para volver a legalizar en Italia la venta de cannabis con cantidad de tetrahidrocannabinol (THC) inferior a 0,5 % fue excluida hoy de la ley de Presupuestos por razones técnicas, lo que ha causado un duro enfrentamiento entre Gobierno y oposición.
El Ejecutivo italiano, formado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y otros partidos de centroizquierda, incluyó la legalización del llamado “cannabis light” en una enmienda en la ley de Presupuestos, que comenzó hoy a ser debatida en el Senado.
Sin embargo, antes de comenzar el debate, la presidenta del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, consideró inadmisibles varias enmiendas entre ellas la del cannabis.
“Esta enmienda no trata de drogas, sino de agricultores. Pequeñas empresas que dan trabajo a 12.000 personas. Sus aplausos frente a 12,000 familias son una bofetada a la agricultura italiana, dijo el senador del M5S y autor de la enmienda Matteo Mantero dirigiéndose a la oposición.
Mantero acusó a la presidenta del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, de haber tomado esta decisión basada en sus “influencias políticas”, pero ella respondió que se trataba de una decisión “puramente técnica”.
El líder de la Liga y exministro del Interior, Matteo Salvini, aplaudió la decisión de la presidenta del Senado por “haber evitado la vergüenza de tener un Estado narcotraficante”.
La ley pretendía legislar la comercialización de estos productos ante los problemas legales que existen sobre todo después de que el Tribunal Supremo italiano considerara el pasado mayo que eran ilegales todos los productos derivados de la marihuana, como las hojas, flores, resinas o aceites, que se pueden adquirir en las tiendas que venden la llamada “marihuana light”.
Desde 2016, existe una ley en Italia sobre el cultivo de las plantas de marihuana y cáñamo y se permitía con una interpretación de la ley comercializar productos con una baja concentración, de hasta el 0,6 % de THC
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Pero la sentencia del Supremo precisaba que esta concentración de THC no se refería a los productos, “sino al principio activo de la planta cultivada”, y por tanto no puede aplicarse a los productos obtenidos de la planta, que debido a ello no pueden ser vendidos.
Con esta medida, el Gobierno pretendía tutelar tanto a los propietarios de las 3.000 tiendas que se han abierto en Italia y a los agricultores que se han dedicado a este tipo de cultivo, que ha pasado de las 400 hectáreas en 2013 a las 4.000 en 2018.
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