Nueve de cada diez personas en Euskadi se muestran a favor de permitir el uso terapéutico del cannabis en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades. El 60% de la sociedad vasca ve con buenos ojos la regulación de los clubes de asociaciones de consumidores. A pesar de estos datos, que recoge la última encuesta del Gobierno Vasco, las propuestas para sentar las bases legales del uso del cannabis siguen durmiendo por el momento el sueño de los justos.
No resulta fácil dar pasos adelante en la regulación de una materia sensible como pocas. Se trata de la sustancia ilegal que cuenta con una mayor prevalencia entre la población. Casi cuatro de cada diez personas -el 39% de la población- han consumido cannabis en alguna ocasión en su vida. El 8,6% lo ha hecho en el último año y el 4,9% en el último mes. En la CAV hay unos 7.000 socios repartidos en 180 asociaciones del consumo.
Los usos y costumbres sociales, sin embargo, no van de la mano de una normativa que fije unos límites definidos. La sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 5 de marzo anuló la ordenanza municipal de Donostia que regulaba la ubicación de los clubes de cannabis es un buen exponente de ello. De alguna manera, arroja de nuevo a las asociaciones a una inseguridad jurídica que, pese a todo, no les impide continuar por el momento con su actividad.
Los tribunales han dado durante este tiempo una de cal y otra de arena. Este fallo del Supremo, que llegó a ser criticado por algunos sectores por su “absoluto sesgo político-ideológico”, vino precedido por el aval del Tribunal Constitucional al artículo 83 de la ley vasca de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, que precisamente busca regular este tipo de asociaciones.
Así, el Gobierno Vasco está preparando el borrador de la futura norma que será aprobada vía decreto antes de que acabe esta legislatura, aunque está por ver si será posible cumplir los plazos previstos.
El Constitucional ampara esta ley después de que el anterior gobierno del PP la denunciara ante dicho tribunal. El consejo asesor, que es el órgano por el que tiene que pasar el borrador de los reglamentos, ya ha mantenido varios encuentros. La Dirección de Salud ya ha comenzado a dar los primeros pasos, hilando fino, teniendo en cuenta que la nueva ley no podrá invadir las competencias estatales y que se tendrá que centrar en el ámbito de la salud para evitar los riesgos que producen y educar en las pautas de consumo.
Entretanto, uno de los debates pendientes sigue siendo el de los usos terapéuticos del cannabis. Las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están a punto de darse a conocer, e incluyen las patologías susceptibles de ser tratadas con cannabinoides. Aitor Brión, asesor jurídico de Eusfac, Federación Vasca de Asociaciones de Usuarios de Cannabis, asegura que “gracias a una filtración de un ente gubernamental” han conocido que la lista “se ha ampliado” y son varios los estados que estarían presionando “para que no se publique de inmediato esa lista” con el fin de evitar reavivar el debate.
derivar pacientesRespecto a la realidad vasca, el asesor de Eusfac entiende que la nueva normativa tendrá que abordar también esta cuestión. De lo contrario, dice, sería negar la realidad. “Desde los centros médicos siguen derivando pacientes a las asociaciones. De alguna forma, habrá que buscar un encaje, aunque no va a resultar sencillo por la colisión competencial con el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana”. Brión entiende que la abogacía del Estado estará ojo avizor. “No hay más que ver con qué tiento están actuando los juristas del Gobierno Vasco, que no dieron el visto bueno al artículo 83 de la Ley de Adicciones hasta que no estuvieron plenamente seguros de ello”.
La investigación médica del cannabis ha estado sometida a numerosas interpretaciones. Los estudios realizados con población adolescente y joven indican que el uso continuado y frecuente de drogas ilegales se relaciona con diversos problemas, tanto en el ámbito de la salud física, como en el funcionamiento cognitivo y psicológico. Sin embargo, la OMS respalda el “potencial terapéutico” de los preparados de cannabis para diferentes enfermedades y establece que el cannabis debe fiscalizarse para que se eviten los daños causados por su consumo y, al mismo tiempo, no se creen barreras para el acceso y la investigación para su uso medicinal.
La norma más avanzada en esta materia hasta la fecha la aprobó el Parlamento de Catalunya en 2017, una ley reguladora de las asociaciones de consumidores de cannabis, en la que se incluía el cultivo y transporte.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, tras un recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, la anuló en 2018 al considerar que la norma invadía competencias del Estado en materia penal, fundamentalmente, la misma argumentación que ya había aplicado el TC en una resolución anterior sobre una ley similar del Gobierno navarro.
El Tribunal Constitucional validó, en cambio, la norma emanada del Parlamento vasco que regula la labor de las asociaciones cannábicas en el marco de la Ley de Atención Integral a las Adicciones y Drogodependencias, al entender que se limita a establecer la función colaboradora de estas entidades con la administración sanitaria.
En la actualidad, para la regulación de los clubes de cannabis en Euskadi tiene que pasar por varias etapas antes de ser aprobada.
El borrador que está preparando el ejecutivo vasco tendrá que ser respaldado por el equipo legal de Euskadi y asegurarse de que no cumple ninguna norma inconstitucional. Después, el texto tendrá que pasar por el filtro de los departamentos y asociaciones involucradas para posibles alegaciones. Por último, llegará al Consejo de Gobierno para su aprobación.
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