El negocio del cannabis medicinal ofrece toda una oportunidad para el país, y eso queda claro solo con un dato. En efecto, el año pasado los inversionistas, cultivadores y empresarios interesados en el tema presentaban ante las autoridades un promedio mensual de 10 trámites. Este año la cifra se disparó a 41.
En total, al Instituto Colombia Agropecuario (ICA) han llegado hasta el momento 1.115 solicitudes de todo tipo (desde registros para semillas, hasta registro para productores), según comentó el director técnico de Semillas de la entidad, Alberto Rosero. Lo mismo ocurrió en el Ministerio de Salud, entidad encargada de buena parte de los trámites asociados a esta industria. Así las cosas, el país fue víctima de su propio éxito, pues las entidades no contaban con la capacidad suficiente para tramitar las solicitudes prontamente.
Por eso los empresarios mostraron su preocupación al Gobierno. El presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industria de Cannabis (Asocolcanna), Rodrigo Arcila, aseguró “que Colombia tiene un liderazgo marcado en América Latina y en el mundo con el desarrollo de la industria del cannabis. El peligro de perder ese liderazgo es grande si no tomamos las medidas necesarias para agilizar los procesos que van a materializar las operaciones de la industria”.
Otros representantes empresariales también mostraron su preocupación. “Dentro de la actual coyuntura que vive la industria, los inversionistas extranjeros y de manera más específica el mercado de valores es muy sensibles al tema regulatorio y cualquier manifestación en la demora de la legislación causa ruido en ellos”, aseguró Alvaro Torres, CEO de Khiron, una de las compañías dedicadas a esta industria.
Bibiana Rojas, gerente general de Canopy Growth, espera que el Gobierno avanzará en las soluciones: “confiamos en la voluntad que ha expresado el Gobierno para que se agilice la verificación y la expedición de licencias. Confiamos en que esa voluntad se materializará y pronto veremos los resultados”.
¿El Gobierno cumple?
Según el viceministro de Salud Pública, Iván González, el Gobierno viene trabajando en el plan de choque para normalizar los trámites y cumplir el marco general de política para que el sector tenga un panorama claro.
“Desde mitad de año reconocimos las dificultades y lanzamos medidas. Primero planteamos un plan de choque que destrabara las licencias”, señaló el funcionario. Por el plan de choque fortalecieron el equipo con 10 personas entre abogados y químicos farmacéuticos. “Claramente hay un boom de solicitudes. Ante la enorme carga, revisamos los procesos. Con el plan de choque hemos logrado aumentar las licencias que hemos tramitado”, explicó González.
Uno de los temas sensibles es el del cupo autorizado en toneladas para cada país. El gobierno colombiano ha decidido atender estrictamente las recomendaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que fijó para 2020 un cupo de 56 toneladas. Este tema ha causado debate, pues dentro del gremio de empresarios hay razones para solicitar un cupo superior, atendiendo que una buena parte de esos productos van a ir a los mercados internacionales.
El viceministro González aseguró que el Gobierno viene trabajando tanto en lo coyuntural como en lo estructural. Dejar listo el marco normativo en un decreto regulatorio y un documento Conpes con todas las líneas de política para el futuro de la industria en Colombia.
“Estamos haciendo todo para cumplir cada uno de los compromisos. El objetivo es dejar un marco legal claro que ayude tanto a los inversionistas, los empresarios y los productores”, dijo el viceministro González.
Dentro del marco normativo el Gobierno también contempla un decreto ley emitido con base en facultades extraordinarias al presidente. Allí se define que el Invima efectuará los trámites de licenciamiento de esta industria, pues hoy estos procesos están en manos del Ministerio de Salud.
Los empresarios se mostraron a la expectativa de que el Gobierno cumpla todas esas promesas.
La primera semana de noviembre tuvo lugar una nueva reunión entre el gremio y el Gobierno con el fin de mirar el avance. Mostraron los resultados concretos, como que el ICA ya ha respondido las 1.115 solicitudes radicadas, y fijaron nuevos compromisos.
Arcila, de Asocolcanna, se mostró optimista: “Las inversiones continúan en Colombia en cannabis. Estamos trabajando hombro a hombro con el Gobierno. Sin embargo, las quejas de los empresarios van en la dirección de situaciones tan específicas como la oportunidad en la asignación de cupos internos de comercialización, situación que ya fue discutida con el Ministerio de Salud y el de Justicia y con absoluto compromiso por parte de ellos. No desconocemos el interés del Comité de Cupos en cabeza de la dirección de medicamentos por agilizar de manera radical los tiempos”, dice.
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Aun así, Torres, de Khiron, insistió en el sentido de urgencia de las medidas: “El liderazgo de Colombia en la industria global de cannabis medicinal está en alto riesgo. La industria no aguanta más de seis meses si el Gobierno no concreta sus compromisos”.
La industria del cannabis es una de las promesas de la economía colombiana. Así lo ha reconocido el propio presidente Iván Duque. El Gobierno está atendiendo todas las solicitudes y es necesario que acelere el paso. En materia de cannabis, todo indica que está mucho en juego.
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