Desde el pasado 2019, los ojos del mundo están puesto sobre el senado mexicano, ya que se espera que este 2020 se llegue a una decisión sobre la regularización y uso del cannabis en el país azteca.
Algunas empresas tienen cabilderos que recorren los pasillos de la Cámara alta con la esperanza de quedarse con una tajada de un negocio multimillonario. Algunos ya han hablado con un político de alto perfil para que sea el sherpa que los guíe hacia la tierra prometida. Otros grupos revisan con lupa los requisitos para los pequeños productores en una industria que parecía inimaginable hace unos años. Varios inversores extranjeros siguen el proceso paso a paso, sobre todo de Canadá, el primer país que legalizó el cannabis recreativo y el que tiene la industria cannábica más grande del mercado mundial.
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Organizaciones civiles advierten de que una ley a la medida de los grandes capitales esfumaría la posibilidad de incorporar a pequeños productores y campesinos al mercado legal, y de pagar una deuda histórica por una política prohibicionista que ha matado más que las propias drogas.
“Tal como está ahora, la propuesta de ley privilegia a las empresas extranjeras porque necesitarías una inversión multimillonaria para entrar a ese mercado”, afirma Zara Snapp, fundadora del Instituto RIA, dedicado a la investigación de políticas públicas. “Es preocupante, no queremos otra industria extractiva que explote los recursos y se lleve los beneficios”, agrega.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de cannabis con fines recreativos y dio un plazo de un año al Legislativo para que creara una nueva regulación. Morena ―el partido en el Gobierno tras las elecciones de ese año―, y la oposición vieron el fallo como una oportunidad para impulsar una ley exhaustiva, que convertiría a México en el tercer país del mundo en legalizar por completo la marihuana. Pero el plazo venció en octubre pasado sin que los legisladores se pusieran de acuerdo para emitir la ley, criticada por poner barreras de entrada infranqueables para los pequeños productores.
Ricardo Monreal, el hombre fuerte de Morena en el Senado, achacó el atolladero a la falta de consenso y a la influencia de grupos de presión. “Es impresionante la cantidad de cabilderos que están por aquí”, dijo. La Suprema Corte concedió una prórroga que termina en abril y el Senado, que inició sesiones el sábado pasado, ya apura un proyecto de ley para que se discuta en el pleno. Mientras tanto, los actores involucrados permanecen en vilo.
“México es definitivamente muy interesante, el próximo gran acontecimiento para muchos empresarios del cannabis”, señala en entrevista Factor, el empresario que participó en un foro del Senado en octubre pasado. Factor dice que el escepticismo es comprensible, pero que hay oportunidades de negocio justas para todos los involucrados. “No calificaría mi visita como lobbying, se trató más bien de compartir la experiencia y el know how de nuestro país para dar claridad a los legisladores mexicanos”, asegura.
“En México hay una oportunidad única de contar con una legislación amplia que aborde el tema del cannabis desde su producción hasta su comercialización”, afirma Canopy Growth, la empresa canadiense más grande del sector en términos de capitalización del mercado, por correo electrónico. “Estamos siguiendo con interés el desarrollo de la legislación y regulación en México”, dice la compañía, pero insiste en que “aún es muy prematuro” cualquier análisis del nuevo marco legal. Canopy, inscrita en el padrón de cabilderos del Senado, evita pronunciarse sobre las críticas y sobre lo que ha discutido con los legisladores mexicanos.
