“La regulación no es promover el consumo. El consumo ya existe”, sostenía el Diputado uruguayo Sebastián Sabini a mediados del año 2013 cuando comenzaba el debate parlamentario sobre la regulación estatal del uso de cannabis en la hermana República de Uruguay.
Continuaba argumentando: “Estamos en un contexto de aumento de los decomisos y de presos por tráfico de drogas y sin embargo el fenómeno no cesa, la inseguridad pública y el consumo han aumentado. Era necesario regular un mercado que ya existe para alejar a los jóvenes de las bocas de humo (punto de venta de drogas), cuidar su salud y buscar una alternativa con respecto a lo que se estaba haciendo hasta ahora”.
Mientras tanto en la Argentina, más o menos en ese mismo período se anulaba la posibilidad de discutir en el parlamento nacional el fallo Arriola, que despenalizaba la tenencia para consumo personal y había sido dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicando al Congreso que la actual ley de drogas 23737 era anticonstitucional y que debía ser modificada.
Mientras Uruguay avanzaba en un debate serio y fundado sobre la necesidad de darle al Estado la posibilidad de regular el mercado del cannabis, en nuestro país se impedía la posibilidad de dejar de perseguir, estigmatizar y castigar a los y las consumidore/as. Un primer paso que a todas luces resulta un presupuesto mínimo para después discutir otras alternativas. Como la uruguaya, por ejemplo.
Estamos prontos a que la ley uruguaya cumpla seis años de sancionada. Se hacen permanentemente evaluaciones en sus distintos planos (sanitario, social, económico, de seguridad, etcétera). Mientras tanto en nuestro país prácticamente no ha cambiado nada.
Este año se cumplieron 10 años del fallo Arriola, sentencia que expresa claramente el fracaso de la penalización. A modo de ejemplo transcribo sólo un párrafo del juez Fayt, que además modificó su postura respecto a su voto en el fallo Montalvo (sustentando la idea penalizadora): “Que los datos de la realidad han permitido demostrar que las razones pragmáticas en las que se sustentaba la doctrina establecida en las disidencias de «Bazterrica» y «Capalbo» y mantenida en «Montalvo» respecto del nuevo texto legal, han perdido virtualidad. Como se adelantó, allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con su comercio y arribar a resultados promisorios (considerando 26 del último fallo citado) que no se han cumplido, pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente”.
En esta década, decenas de proyectos de diversos orígenes partidarios fueron presentados en el Congreso, pero nunca la mayoría del cuerpo legislativo se tomó la decisión de cumplir con el fallo de la Corte y dejar de castigar a los usuario/as.
También este año se cumplieron 30 años de la actual ley de drogas, la 23737. En momentos en que desde distintos sectores se plantea el fracaso del paradigma de la Guerra a las Drogas, en nuestro país no se plantea con la suficiente fuerza política la necesidad de generar una nueva política de drogas, mucho más cercana a la ley que impera en Uruguay.
Si bien son muchos los dirigentes políticos que siguen defendiendo la doctrina de la Guerra a las Drogas y el actual gobierno hace de la política represiva y punitiva uno de sus sustentos, nadie puede demostrar seriamente que esta ley haya disminuido el consumo, la producción o el tráfico de sustancias. Al contrario, no hay indicador de que no haya aumentado, y todo ello con niveles de violencia cada vez más agudizados. Incluso, y aplicando la actual ley de drogas, llegamos a la grosería de suponer que una madre que cultiva cannabis para producir aceite que garantiza el derecho a la salud de su hijo o hija le cabe la misma pena que a un narcotraficante. Más injusto no se consigue. Sin embrago la modificación de la ley 23737 no se produce.
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Si tuviéramos que responder a la pregunta de cuán lejos está Argentina de Uruguay en materia de políticas de drogas, la respuesta que tendríamos sería ambigua. En lo referente al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, su activismo, su trabajo concientizador, su permanente reclamo en el Congreso, la promoción de debates, etcétera, la respuesta es que estamos muy cerca. Si la respuesta apunta al compromiso de los actores políticos (salvo excepciones), a la decisión política de los actuales gobernantes y legisladores, la respuesta por el contrario es que estamos muy lejos.
Desde Miradas esperamos y trabajaremos para que el nuevo gobierno, y sobre todo las nuevas composiciones de ambas cámaras legislativas, aborden el tema con la seriedad y profundidad que se merece.
Ojalá pronto tengamos una nueva ley de drogas donde todas las acciones estén centradas en los sujetos y sus derechos y no en las sustancias.
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