Fernanda de la Figuera, la activista más veterana de España por la legalización del cannabis, ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga a 9 meses de prisión y una multa de 10.000 euros por el cultivo y distribución de la marihuana de la que se abastecía la asociación de mujeres MaríasxMaría con fines terapéuticos, una pena inferior a la de cuatro años de cárcel que solicitaba para ella el fiscal.
La sentencia, que va a ser recurrida por Fernanda de la Figuera, también conocida como la abuela marihuana, considera probado que esta mujer, de 76 años, es culpable de un delito de tráfico de drogas de “sustancias que no causan grave daño a la salud” por unos hechos que se remontan a 2014, cuando ella presidía MaríasxMaría, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con domicilio social en la finca El Refugio de Alhaurín el Grande, donde se cultivaba la marihuana -181 plantas- que posteriormente se distribuía a los socios de la entidad en un local de Málaga.
Sin embargo, el titular del Juzgado de lo Penal 5, Carlos Peinado Domínguez, estima que en la asociación se desarrollaron “prácticas, acciones y conductas que favorecieron el consumo de la marihuana”, porque el número de socios -200- era “muy elevado”, no se acreditaba ni controlaba que éstos fueran “consumidores habituales de la droga, adictos o drogadictos” y no se adoptaron medidas de control y vigilancia para garantizar que el cannabis cultivado en la finca de Alhaurín se consumiera sólo dentro del local de la entidad en la capital malagueña, de forma inmediata y “en la dosis mínima”.
Además, el juez entiende que no se llevaron a cabo controles exhaustivos de la cantidad de cannabis que cada socio adquiría ni se supervisaba a quién se le suministraba, de manera que tampoco se evitaba que “la droga pudiera llegar a manos de terceras personas desconocidas y ajenas a la asociación”.
En cuanto al elevado número de socios, en la sentencia se señala: “La ratio de este requisito, según la jurisprudencia, es que se trate de un grupo reducido, encapsulado, en el que los socios se conocen entre ellos y existe una garantía plena de que la droga no llegará a terceros ajenos y, por ende, no se facilite la distribución de la droga”.
No obstante, el magistrado declara nulo el registro que llevó a cabo la Policía Local de Málaga en el local de la asociación, porque los agentes llevaron a cabo una intervención de vigilancia y control del tráfico de estupefacientes de un modo autónomo sin contar con la preceptiva colaboración de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en este tipo de actuaciones de policía judicial, lo cual “conculca de plano” las competencias del cuerpo municipal.
En cambio, el juez sí acepta la validez de la entrada y registro de la finca El refugio donde se cultivaban las plantas, realizada por la Guardia Civil, y rechaza la concurrencia de error de prohibición invencible que solicitaba la defensa de Fernanda de la Figuera, por el hecho de que había sido absuelta en dos juicios anteriores por casos muy similares, uno de ellos relacionado con la plantación de cannabis en la misma finca de Alhaurín el Grande. Según el fallo, se podría apreciar a lo sumo un error de prohibición vencible, “puesto que, de haber adoptado medidas de vigilancia, control y supervisión concretas de las actuaciones de los socios y de la llevanza de la asociación, se podrían haber evitado transgresiones de la legalidad”, precisa.
Otras dos personas condenadas
En la sentencia se condena también a las otras dos personas juzgadas, el secretario y tesorero de la asociación, a siete meses de cárcel cada uno, una pena inferior a la de Fernanda de la Figuera por cuanto que el magistrado considera que ésta “posee un mayor rango de responsabilidad criminal” al ser la presidenta y una de las socias fundadoras de MaríasxMaría, además de la dueña de la finca donde se intervinieron las plantas de cannabis.
En la vista oral, Fernanda de la Figuera aseguró que ella lo había hecho todo pensando siempre que estaba actuando dentro de la legalidad y con el fin de ayudar a otras personas que ya eran usuarias del cannabis, que, por su condición de mujeres, afrontaban, además, mayores riesgos para acceder al mercado negro y que padecían enfermedades para cuyas dolencias la marihuana constituía un paliativo natural.
En calidad de testigos declararon en el juicio varias mujeres que fueron socias de MaríasxMaría: una, enferma de cáncer, que explicó que consumía el cannabis con fines medicinales y que lo adquiría en la asociación, por lo que pagaba una parte correspondiente a los gastos de cultivo de las plantas, que era una cantidad pequeña. Otra mujer, con VIH y hepatitis, que subrayó que consumían la marihuana en el mismo local y que la asociación convocaba reuniones periódicas de los socios y una asamblea general cada año para abordar la marcha de la entidad; y una médico, con cáncer de mama, que señaló, como las anteriores, que pagaban una cuota como socias para sufragar los gastos del cultivo del cannabis que luego consumían en el mismo local de la asociación.
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Fernanda de la Figuera fundó en 1996 la Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis de Andalucía (ARSECA), organizó en Córdoba en 1998 la Bella Flor, las primeras jornadas en España de cata, encuentro y formación sobre cannabis, y puso en marcha en Málaga MaríasxMaría. En 1995 y 2010, ya había sido procesada en otras dos causas por los mismos motivos y en ambas fue absuelta.
Antes del juicio, el presidente de Grupo de Acción para la Legalización del Cannabis en España (GALCE), Paco Mascaraque, leyó un comunicado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga ante varias decenas de activistas llegados desde diferentes puntos de España en la llamada Marcha Verde de apoyo a Fernanda de la Figuera. “La situación legal del cannabis en España, tras casi un siglo de prohibición, es un fracaso y necesita urgentemente un viraje hacia unas políticas reguladoras que nos protejan a las personas usuarias para que dejemos de ser castigadas por usar o cultivar una planta que lleva usándose desde el principio de la humanidad”, dijo Mascaraque.
También participaron en la concentración el presidente de la Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya, Albert Tió, quien calificó el juicio como “un nuevo ataque del Estado al autocultivo para consumo propio o colectivo”. La veterana activista también contó con el apoyo del Círculo Cannábico de Podemos y de los concejales del grupo municipal de Adelante Málaga en el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol (IU y Podemos), que tacharon de “desproporcionada” la petición de condena abogaron por la despenalización del consumo y cultivo del cannabis con fines de autoconsumo y terapéuticos.
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