Los avances científicos sobre el consumo y uso medicinal del cannabis han activado una tendencia regulatoria a nivel mundial y efectivamente nuestra América latina no es la excepción.
Países latinos como Perú, Argentina y Chile cuentan con marcos legales o diversos programas de cannabis medicinal que demuestran una clara tendencia.
Colombia ha sido pionera en esta modalidad la cual cuenta con un marco legal desde el pasado 2016, el cual tiene una regulación sólida y reconocida a nivel de derecho comparado. Esto implica que tenemos la posibilidad de jalonar un nuevo sector de la economía en la región para así ofrecer una alternativa terapéutica a millones de pacientes.
El tema de la regularización no es un problema industrial o simplemente añadir un renglón de exportaciones a la economía y menos de materias primas que terceros en otras latitudes desarrollen productos derivados de la hierba. La finalidad es acceso y cambiar la vida de los pacientes que requieran ser tratados con productos medicinales legales.
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El pasado 2019, fue un año de articulación y superación de barreras interpretativas entre el gobierno y la industria privada. En este nuevo año que apenas comienza, tanto el Gobierno como la industria tienen que estar a la altura y dar el siguiente paso para así demostrar que se puede llegar a la regularización.
