Para los inmigrantes, la legalización de la marihuana recreativa en el estado puede representar un riesgo para su permanencia en el país. La marihuana recreativa será legal en Illinois en 2020. Esto ampliará el derecho que tienen residentes del estado para consumir, comprar y vender la droga. Previo a esta legislación, el consumo de la marihuana medicinal era legal en el estado.
La legislación de la marihuana permitirá que mayores de 21 años consuman la droga en ciertos espacios de forma recreativa; que la planta sea vendida y que se borren los antecedentes criminales relacionados a posesión o venta de marihuana. Sin embargo, abogados y miembros de organizaciones comunitarias advirtieron en una conferencia de prensa que esta legislación, puede representar un riesgo para la comunidad inmigrante si no se tiene cuidado cuando esta sea legal.
Sobre el consumo recreativo o medicinal de la marihuana, organizaciones comunitarias y legales–como Mujeres Latinas en Acción, PASO, Casa Michoacán y Latino Policy Forum–, explicaron en una conferencia de prensa que, aunque a nivel local, será legal para su uso dentro de las fronteras de Illinois, que la posesión, compra, venta y consumo, siguen siendo ilegales a nivel federal.
“Aunque la ley decriminaliza el uso del cannabis y provee alivio para quienes hayan sido convictos por cargos relacionados a la droga, el uso del cannabis continúa siendo ilegal a un nivel federal y hay serias condiciones en cuestiones de inmigración para todos aquellos que no son ciudadanos de los Estados Unidos”, dicen en un comunicado.
El conglomerado de organizaciones advirtió que las consecuencias de esta legalización podrían afectar a aquellos que son residentes permanentes, quienes buscan asilo, quienes tienen visas T y U e inmigrantes indocumentados.
Mony Ruiz-Velasco, quien habló durante la conferencia de prensa, dijo que es recomendable conseguir asesoría legal en caso de que se tengan dudas. Además, dijo que habrá un taller el 16 de diciembre a las 6:30 pm en la oficina de Proyecto de Acción de los Suburbios del Oeste (PASO) en Melrose Park. Ahí se responderán preguntas sobre temas de marihuana e inmigración.
Una abogada en la conferencia de prensa además explicó que quienes trabajen o inviertan en la industria de la marihuana, podrían ser objetivos de deportación. Esto se debe a que, si uno trabaja en esa industria, aunque a nivel local sea legal, a los ojos del gobierno federal, la venta o compra de la droga es ilegal.
Ruiz-Velasco explicó que las agencias de inmigración tratan el consumo de marihuana medicinal como un delito. “Seguirán tratándolo como una violación a la ley federal”, explicó la integrante de PASO.
Así mismo, esto también podría afectar a familiares o dependientes de alguien que trabaja en la industria de la marihuana legal, pues podría considerarse para el gobierno federal como un caso en el que se están beneficiando de transacciones de una sustancia que el gobierno federal considera ilegal.
El antecedente de este tema de compra y venta en un estado donde es legal, es Colorado. Una abogada explicó: “Una de las cosas que hemos visto recientemente en Colorado, en casos de aplicaciones de naturalización, es que necesitas decir en qué trabajas. Entonces vemos que quienes han sido empleados, trabajando como cajero en un dispensario [de marihuana], luego son señalados por inmigración de haber traficado drogas”.
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Advirtieron también que quienes viajen fuera del país y que no sean ciudadanos, están sujetos a que agentes de inmigración revisen sus teléfonos, y si hay fotos o mensajes relacionados a marihuana, pueden llevar a serios problemas para el inmigrante.
En el caso de que se borren los antecedentes criminales, es importante saber que, de igual manera, queda un registro de que hubo un incidente y que este probablemente sea cuestionado o investigado por agentes a nivel federal durante un proceso migratorio.
Si el antecedente, relacionado a consumo o posesión de marihuana, es eliminado, hay que obtener una copia de certificado de disposición, con la cual queda constancia de cuál fue el crimen o delito que fue borrado a nivel local. De no ser así, la falta de acceso que puedan tener agentes federales para saber cuál fue el acto sancionado, podría afectar el desenlace de un trámite migratorio.
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