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COLOMBIA | Lentitud del Gobierno pone contra la pared al cannabis

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Este jueves, funcionarios del Gobierno y empresarios de la industria de cannabis medicinal, cerca de 30 personas, se reunieron durante más de una hora y media en la Casa de Nariño para revisar por qué, tras la instrucción del presidente Iván Duque de apoyar al sector, esto no se está traduciendo rápidamente en decisiones administrativas.

Sin embargo, los del sector privado ratificaron su desazón debido a las respuestas que se les vienen dando desde meses atrás de crear un plan de choque para acelerar los trámites, panorama que aún sigue presentando demoras.

A esto se le suma que hace un mes y doce días los empresarios de la industria celebraban la buena voluntad que mostraba el Gobierno con el sector, a través de anuncios de apoyo al mismo en el foro de Asocolcanna el 19 y 20 de septiembre, lo cual, de cierta manera, les dio alivio por las acciones que se tomarían para impulsar este negocio que podría estar agotando su máximo recurso: el tiempo.

Entre los anuncios estuvo que, en ese mismo mes del foro, el Invima publicaría las guías para que los laboratorios surtieran el proceso y se certificaran para hacer formulaciones magistrales de cannabis (productos individualizados al que podrían acceder los pacientes con fórmula médica).

No obstante, estas estuvieron listas casi un mes después; es decir, el pasado 25 de octubre.

A esto hay que añadirle las declaraciones del ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, quien dio la noticia de que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas había ampliado el cupo de producción de cannabis psicoactivo del país, pasando de 1,2 toneladas a 14 toneladas, este año.

Los dos temas en mención fueron bien recibidos por la industria pero, a la fecha, son los mismos que tienen en jaque al sector, según conoció este diario.

¿POR QUÉ?

En el primero de estos (guías para magistrales), el proceso no culminó con su publicación, sino que ahora los laboratorios con buenas prácticas de elaboración (Bpe), deben solicitar una visita del Invima para que se realice la auditoría correspondiente y puedan ser certificados en la elaboración de magistrales de cannabis, proceso que podría llegar a tardar en promedio ocho meses, según conoció este diario y, al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta del Invima para confirmar lo anterior.

Respecto al segundo tema, no basta con haber logrado un mayor cupo de producción de cannabis psicoactivo si el país no logra usarlo. Precisamente, para hacer uso de estos, el Grupo Técnico de Cupos (GTC), conformado por el Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Fondo Nacional de Estupefacientes, Invima e ICA, debe revisar los requerimientos de las firmas, verificar sus solicitudes y notificar respuestas que no superen los 15 días hábiles.

“Al no estar explícitamente en una regulación, al tiempo máximo en el que debe responder el GTC este tipo de solicitudes se le aplica el principio de norma supletoria, que dice que las peticiones individuales de los ciudadanos deben resolverse en 15 días hábiles, según el Código de Procedimiento Administrativo (Cepac)”, dijo Juan Diego Álvarez, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Khiron.

TIEMPOS DE RESPUESTA

Según documentos con radicados en los ministerios ya citados, conocidos por este diario, los tiempos en mención no se estarían cumpliendo. Un ejemplo de estos es el de una firma que solicitó cupos suplementarios de cannabis psicoactivo ante el Ministerio de Justicia y de fabricación de derivados en la modalidad de uso nacional y exportación ante el Ministerio de Salud, todos para fines comerciales, el 16 de julio de 2019. El 30 del mismo mes en cuestión, el Minjusticia informó que requería de 30 días hábiles más para dar una respuesta.

El pasado 2 de agosto, la firma respondió a la cartera de Justicia que, más allá de la prórroga solicitada, basado en los artículos 17 y 19 del Cepac, los requerimientos debían hacerse dentro de los 10 días siguientes a la radicación, fuera en el sentido de aclarar o de completar la solicitud, tiempo que ya había transcurrido.

El 22 de agosto, el Minjusticia respondió diciendo que la solicitud estaba en trámite, mientras que el Minsalud aún no se pronunciaba. El 19 de septiembre, la compañía presentó un derecho de petición ante las dos carteras ya citadas y el Fondo Nacional de Estupefacientes, partícipes del GTC, pidiendo una respuesta debido a que ya habían pasado los 30 días hábiles solicitados. En este, además, solicitaron el acta de reunión y evaluación del GTC sobre las solicitudes ya citadas.

El 1 de octubre recibieron respuesta de Minsalud, pidiendo requerimientos. Sin embargo, en los documentos entregados, junto a un acta adjunta, se observa que el GTC estudió y tomó decisión sobre las solicitudes de la empresa el 1 de agosto, pero esta fue notificada dos meses después, cuando se les pidió información adicional y aclaraciones para poder continuar con la evaluación del requerimiento.

El 7 de octubre, la empresa emitió su respuesta. Un día después, el Minjusticia informó que la solicitud de cupo de cultivo de cannabis psicoactivo estaba completa, pero que faltaba tener aprobado el de fabricación de derivados para poder otorgarle el permiso.

Otro caso que conoció este diario fue el de una compañía que radicó hace más de un año la solicitud de los cupos para uso comercial, en el que les hicieron requerimientos que no llegaron a la firma, por lo cual se asumió que desistían del proceso y no fueron autorizados.

Tras esta situación, la empresa apeló diciendo que nunca les había llegado dicha comunicación.

POSICIÓN DE LOS ACTORES

De acuerdo con Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis (Asocolcanna), en una reunión con el Gobierno en los últimos días se dio a conocer la difícil situación que enfrenta el sector hoy en día, principalmente por la falta oportuna de respuesta a la asignación de cupos internos de comercialización.

Por su parte, Álvarez dijo que “la industria no aguanta más de seis meses si el panorama por parte del Gobierno no cambia, pues no vemos acciones concretas ni capacidad de ejecución, particularmente en la asignación de cupos. En muchos casos, los inversionistas extranjeros ya no creen en la capacidad regulatoria del Estado y no seguirían invirtiendo. La crisis está llevando a que el capital ya migre hacia otras naciones y que muchas compañías estén por cerrar sus operaciones en Colombia”.

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Según el Ministerio de Salud, el tiempo que le tomará a la industria tener medicamentos para comercialización, “será el necesario para garantizar que las preparaciones farmacéuticas cumplan con los criterios señalados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto 1156 de 2018 para productos fitoterapéuticos, y artículos 27 y 28 del Decreto 677 de 1995 para medicamentos de síntesis”.

Para Minjusticia, en promedio una solicitud de cupos puede ser otorgada entre 19 y 61 días hábiles (de 1 y 3 meses).

Lo anterior abre un debate en el que mientras los tiempos del Gobierno son los establecidos por decreto, los de los empresarios los define el capital que les queda en sus planes de inversión.

Fuente: Portafolio

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