En todo el clima mundial sobre el cannabis, hemos visto a muchos países cambiar sus leyes sobre la marihuana. Canadá legalizó el uso recreativo, controlado por el Gobierno (hasta cierto punto) en 2018.
Uruguay legalizó unos años antes. Dentro de los Estados Unidos, hemos visto esfuerzos de legalización dispersos estado por estado, mientras que simultáneamente se aprueban proyectos de ley del gobierno federal para asegurar la industria.
México dio a conocer recientemente su propuesta sobre cómo jugará el juego del cannabis. El actual partido mayoritario, Morena, desea crear un negocio de cannabis administrado por el Estado, similar a Pemex (compañía petrolera estatal), que supervisaría toda la industria del cannabis; de lo médico a lo recreativo.
La empresa pública sería responsable de crear “franquicias” que crecerían y suministrarían, dispensarían, utilizarían para investigación médica (realizada por compañías farmacéuticas). No está claro cómo manejarán el aspecto industrial de la industria (cáñamo), sin embargo, es justo asumir que esto también caerá bajo el negocio del gobierno.
CannSalud, es el nombre de la empresa propuesta. Serán responsables de probar la calidad del cannabis y las compras al por mayor de todas las operaciones de cultivo legalmente autorizadas. Esencialmente, procesarán el cannabis y lo distribuirán a sus distribuidores autorizados. Se presume que cualquier ciudadano legal de México podría solicitar una licencia, sin embargo, no hay muchos detalles sobre costos, procesos, etc.
Además, la propuesta permite el cultivo personal permitiendo hasta seis plantas por ciudadano, para consumo doméstico.
Presunto razonamiento detrás de la proposición
Según Morena, la razón por la que desean implementar un enfoque de “negocio estatal” para la industria del cannabis es para mantenerlo “justo”. Temen que las lucrativas empresas de cannabis monopolicen el mercado y no dejen espacio para quienes tienen una posición económica más baja.
Alegan que al crear CannSalud, podrán controlar los precios del mercado y permitir que los ciudadanos participen convirtiéndose en una “franquicia”. También podrían mantener el control de calidad de todo el cannabis producido en la nación.
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