Una petición para legalizar ese uso de la marihuana en la boleta de 2020 ya tiene las firmas necesarias para que la Corte Suprema estatal revise la propuesta.
Una encuesta reciente de la Universidad Quinnipiac muestra que 65 por ciento de los electores floridanos apoyan la legalización de la marihuana y ya hay iniciativas de ley que presentan la legalización como un impulso potencial a la economía turística de la Florida, lo que resulta un paso hacia la reforma del sistema de justicia penal y una forma de impulsar mercados locales en mercados periféricos.
Los defensores de la medida están tratando de convencer a los demás con la razón de que generaría más ingresos por concepto de impuestos.
“En otros estados ha habido aumentos de ingresos para los gobiernos locales y estatales, en dependencia de la estructura tributaria”, dijo Michael Minardi, abogado de Tampa que lidera una propuesta electoral para legalizar la marihuana recreativa. “Las ventajas económicas son enormes”.
Según un nuevo estudio del Pew Charitable Trust, hay demasiada incertidumbre y muy poca información para que los estados dependan del llamado impuesto “al pecado” para solucionar la falta de presupuesto. El estudio concluyó que los estados se benefician de un fuerte crecimiento de los ingresos durante los primeros años de la legalización, pero hay evidencia de que ese crecimiento se reduce a medida que los mercados maduran.
“Esto plantea algo más importante y amplio” dijo la investigadora Alexandria Zhang a los reporteros durante una conferencia telefónica el martes: “A medida que los estados buscan nuevas fuentes de ingresos, los legisladores deben tomar en cuenta la volatilidad de esta nueva fuente de ingresos”.
Así las cosas, los estados deben tratar el asunto como cualquier otra forma no recurrente de dinero para reducir desequilibrios en el presupuesto, dijo Zhang. Hay formas de evitar los efectos negativos, como cobrar ese dinero antes de gastarlo o usar los ingresos para robustecer los ahorros. Por ejemplo, Nevada asigna ingresos de su impuesto minorista para un fondo de emergencia. Por su parte, Washington usa esos ingresos para programas de servicios médicos de menor envergadura.
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