Organizaciones defensoras de los derechos humanos, colectivos que proponen cambios en las actuales políticas de drogas y asociaciones expertas en adicciones, firman un comunicado en donde se denuncia que en diferentes lugares de España se están imponiendo sanciones de 10.401 euros por portar menos de dos gramos de cannabis en el bolsillo del pantalón o en el bolso.
Estas organizaciones abogan por un cambio en las políticas de drogas para que se sitúen en el centro de las mismas los derechos de las personas usuarias, la salud y la evidencia de lo que ha funcionado y lo que no. También para que se implementen mecanismos de reducción de riesgos y daños en el uso de estas sustancias, sin que el ordenamiento jurídico contemple sanciones que afecten a la libertad y dignidad de las personas usuarias.
Estas organizaciones defienden que no se puede hacer una política de salud pública mediante la imposición de este tipo de sanciones desproporcionadas; menos todavía cuando los ayuntamientos que las imponen solo destinan partidas de 6.000 y 5.700 euros a la prevención y atención a las drogodependencias: algo que podría ser sufragado con la mitad de una de estas sanciones draconianas.
El motivo por el que estos ayuntamientos imponen sanciones de más de 10.000 euros por la simple tenencia sin ostentación de cannabis en el bolsillo o el bolso, es por la aplicación del artículo 33 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sitúa el mínimo de la sanción, en casos de reincidencia, en la friolera de 10.401 euros.
Un caso muy llamativo es el de un ciudadano que ya pagó reducida una de estas sanciones (5.200 euros) y le han impuesto otra de 10.401 euros por incautar le un grinder (triturador de cannabis) con la cantidad de 0,01g. de cannabis. Esta persona no podrá recurrir porque le intentaron notificar la sanción, pero no estaba en casa, por lo que su sueldo quedará embargado hasta que pueda pagarla, lo que supone un año trabajando nada más que para pagar esta sanción.
El Ayuntamiento donde reside este ciudadano, Yecla, podría haber impuesto entre 50 y100 sanciones de estas características, lo que podría suponer el ingreso de hasta 1 millón de euros procedente de 100 contribuyentes usuarios de cannabis, o lo que es lo mismo, el 3,7% del presupuesto anual de este municipio que ronda los 27 millones de euros.
Los datos de imposición de estas sanciones en este ayuntamiento no son públicos. En el comunicado se solicita que, de acuerdo al principio de transparencia, se hagan públicos estos datos para poder hacer una mejor valoración de los mismos.
En el comunicado podemos ver los distintos argumentos jurídicos, de salud pública y de afectación a los derechos humanos que, por parte de estas organizaciones, se ofrecen para exigir al gobierno que impulse cambios en la actual política de drogas, con el fin de proteger eficazmente la salud pública y no vulnerar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas usuarias.
Fuente: Cannabis Magazine
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